A petición de la Junta de Personal  y el Comité de Empresa se celebró ayer una reunión con la Consejera de Presidencia y la Directora de Función Pública, con el objetivo fundamental de conocer las intenciones del Gobierno de Cantabria respecto al Capítulo I de presupuestos para 2020.

Le expusimos a la consejera que esta reunión tendría que haberse producido hace tiempo, antes de que el proyecto de presupuestos estuviera en el Parlamento en avanzado estado de negociación. Desde la lógica expusimos que se debería haber planificado a priori cuáles son los avances salariales que el Gobierno de Cantabria está dispuesto a asumir y cuál es el coste de los mismos  para reflejarlo en los presupuestos. Obviamente esto no ha ocurrido y nos encontramos con que la subida salarial para 2020 está en manos del Gobierno del Estado cuando apruebe los presupuestos generales (y no es para mañana) y reflejen un año más, los acuerdos que UGT firmó en 2017 y 2018 en Madrid. Y que no hay nada más allá de esta subida salvo la habilitación mediante una disposición adicional, de una partida presupuestaria de 2,5 millones de euros que serviría para financiar los acuerdos firmados o que se firmen de aquí en adelante.

Hay que decir que esta partida presupuestaria incluye los fondos de 0,20% y 0,25% (más de 600.000 euros) correspondientes a 2017 y 2018 que también provienen de los acuerdos firmados por UGT en Madrid, y que aún están por repartir (¡!!???) a pesar de haber propuestas varias de las organizaciones sindicales, incluso una de la propia administración !

El fondo creado es claramente insuficiente, dado que los acuerdos ya firmados (vialidad invernal , ICASS) y aquellos otros con negociación ya avanzada superan ampliamente esa cantidad. Mucho nos tememos, además, que de no existir una ordenación para el uso del fondo, ocurrirá como otras veces, que “el primero que llegue” se gastará la totalidad de la partida.

En la reunión hemos desgranado, una vez más, los temas pendientes (acuerdos firmados, acuerdos en fase de negociación, ley de función pública y carrera profesional, nuevo convenio colectivo, plan de igualdad, plan concilia, etc…) y pedido, en primer lugar una valoración del coste de estas peticiones, luego un compromiso del gobierno de Cantabria de asumir esos compromisos y finalmente una planificación a lo largo de la legislatura para su implantación. Solamente hemos recibido la contestación de la voluntad de acometer la negociación de la carrera profesional (según nos indican, ya disponen de un borrador de ley de función pública) y de un nuevo convenio colectivo, con el inicio del año. Nos sigue faltando lo fundamental: el compromiso de hacerse cargo del coste de estas negociaciones.

Seguiremos insistiendo en este planteamiento desde la primera reunión a la que se nos convoque.